Las evaluaciones externas con valor académico al final de la ESO

Propuesta presentada a la Subcomisión para la elaboración de un gran "Pacto de Estado Social y Político por la Educación" por el Sindicato de profesores AMES

En el Sindicato AMES pensamos que una de las medidas más eficaces para mejorar el rendimiento académico de los alumnos, para evitar la exclusión del castellano como lengua vehicular, así como para evitar el adoctrinamiento ideológico partidista en las escuelas, sería el establecimiento de evaluaciones externas con valor académico al final de la ESO. Deberían ser las mismas pruebas en todas las Comunidades Autónomas, es decir, deberían estar redactadas, aplicadas y corregidas por funcionarios dependientes directamente del MECD. Para que estas evaluaciones fueran realmente eficaces, sería necesario que se incluyeran en el deseado Pacto Social y Político por la Educación, que se está debatiendo actualmente en el Congreso de los Diputados entre todos los partidos políticos.

Estas evaluaciones finales deberían tener valor académico, es decir, su aprobación debería ser indispensable para poder acceder a la siguiente etapa educativa.

Actualmente, al no existir evaluaciones externas al final de la ESO, los centros se ven obligados a aprobar a muchos alumnos que, en realidad, no han llegado a los mínimos establecidos, ya que si no lo hicieran así, sus alumno se irían a repetir curso a otros centros más permisivos y el centro, al cabo de pocos años, ya no tendría suficientes alumnos con los que formar los grupos de bachillerato, y, poco después, ni para formar los grupos de ESO, con lo que acabaría teniendo que cerrar. Y, lo que es peor, este bajo nivel de exigencia ha generado que muchos alumnos ya no se esfuercen, ni adquieran hábitos de trabajo, ni capacidad de esfuerzo, por lo que, en consecuencia, cada vez se aprenda menos en nuestros centros.

Por otro lado, el tener que estudiar todos los alumnos las mismas cosas hasta los 16 años, y, en el caso de los repetidores, hasta los 17 o 18 años, hace que en las aulas haya un alumnado con una diversidad de capacidades e intereses excesiva, lo que lleva al profesorado a disminuir contenidos y a rebajar niveles.

Sólo el establecimiento de pruebas externas al final de la enseñanza obligatoria puede solucionar esta situación. Estas pruebas deberían presentar dos modalidades, una para acceder al Bachillerato y otra, con menos contenidos teóricos abstractos, para acceder a la FP. De esta forma, al pedírsele a cada alumno sólo aquello que puede alcanzar, aumentaría el éxito escolar en la ESO y se aseguraría la continuidad del alumnado en el sistema educativo regular.

La necesidad de tener que aprobar estas pruebas provocaría que, en todos los centros, se impartieran todos los contenidos establecidos, con el fin de que sus alumnos pudieran superar dichas evaluaciones. Con ello se conseguirían las siguientes mejoras en todos los centros de España:

1.- Mejoraría el nivel de conocimiento de los alumnos, su capacidad de esfuerzo y la adquisición de hábitos de estudio, dado que, al tener que superar una prueba externa para poder seguir los estudios, los alumnos se sentirían mucho más estimulados a estudiar.

2.- Los profesores podrían ejercer mucho mejor su profesión ya que sus alumnos estarían más interesados en aprender, ellos tendrían más interés en actualizar sus conocimientos y métodos didácticos, ya que esto sería conveniente para poder preparar mejor a sus alumnos. Por otro lado, verían reconocido públicamente su esfuerzo, lo cual no sucede ahora, ya que actualmente, en la Primaria y en la ESO, cada profesor es el que da la calificación final del alumno, sin ningún control externo.

3.- Se aseguraría el conocimiento de la lengua común, que es el castellano o español, de todos los alumnos, sea cual sea el lugar donde vivan, ya que al tener que superar todos la misma prueba de castellano, en todos los centros se impartirían los mismos contenidos y con los mismos niveles.

4.- Se aseguraría que la Geografía e Historia de España se impartiese sin adoctrinamientos políticos partidistas. Dado que al tener que realizar todos los alumnos la misma prueba de Geografía e Historia, en todos los centros se impartirían los mismos contenidos y con unos planteamientos compatibles con nuestra Constitución.

5.- Se aseguraría un buen nivel inicial en todos los alumnos que acceden a la FP y al Bachillerato, evitándose así la posterior degradación de estas etapas educativas.

6.- Se igualarían los contenidos y los niveles de todos los centros, tanto en los públicos como en los privados. Esto posibilitaría que todos los alumnos tuvieran las mismas posibilidades de formación académica. Actualmente, si un alumno vive en un barrio con conflictos sociales y económicos graves, en su escuela ya no encuentra una vía hacia la excelencia académica.

7.- Existiría un control objetivo y continuo por parte de la Administración de la calidad de todos los centros educativos, dado que dispondría de un elemento objetivo para la evaluación de los centros, de sus equipos directivos y de sus profesores. Evidentemente, para esto sería necesario considerar los datos de unos cuántos años y comparar centros del mismo contexto social. No hay mejor evaluación de un centro que observar el resultado continuado de sus alumnos. España es uno de los pocos países de nuestro entorno en los que la administración educativa no cumple, en la enseñanza obligatoria, con su obligación de asegurar a las familias, que las calificaciones que dan los centros reflejan realmente los conocimientos adquiridos por sus hijos

8.- Contribuirían a orientar a los alumnos hacia aquellos estudios en los que podrían tener más posibilidades de éxito académico. Introduciendo las preguntas adecuadas en las pruebas externas, se podría detectar qué alumnos están preparados para acceder a un tipo de estudio u otro. Cabe recordar que en muchos países europeos (Alemania, Suiza, Dinamarca, etc.) dos tercios de los alumnos cursan Formación Profesional y solo un tercio cursa Bachillerato, mientras que en España se da justamente la proporción contraria.

Barcelona, noviembre de 2017

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
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