Nota de prensa del Sindicato AMES sobre la ley Celaá
Sindicato AMES. 6 de noviembre de 2020

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En la ley de educación actual, en la Disposición adicional trigésima octava, se dice "1. Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable."

Por acuerdo entre PSOE, UP y ERC, aprobado en la Comisión de Educación del Congreso el 5 de noviembre, el texto equivalente en la ley Celaá dirá: "Las Administraciones educativas garantizarán el derechos de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, con conformidad con la Constitución española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable."

La supresión de la consideración del castellano o español de ser la "lengua oficial del Estado" y de que "el castellano sea lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado", impedirá que las familias que quieren poner una demanda judicial para conseguir que sus hijos reciban enseñanza en español, no podrán utilizar el redactado de la futura ley Celaá.

En las comunidades bilingües, como Cataluña, País Vasco, Galicia, Islas Baleares y Comunidad Valenciana, esta ley permitirá a sus gobiernos conseguir unas nuevas generaciones que ya no utilicen el español fuera de sus casas como lengua de relación social. Éste es un aspecto muy eficaz para pasar de una nación grande con pluralidad de lenguas, culturas y pensamientos políticos, a varias naciones pequeñas, cada una de ellas con una lengua única, una sola cultura y un único pensamiento político correcto, el de ser independientes. Esto no es lo más grave, lo realmente grave es que en estas pequeñas naciones habrá ciudadanos de primera, los que vivirán en un país cuya lengua materna coincide con la lengua oficial del país, y ciudadanos de segunda, que son los que vivirán en un país cuya lengua materna se considerará la lengua del país que los había invadido y, por lo tanto, un peligro para el futuro del país.

En la Unión Europea es fundamental que dentro de sus Estados no se haga discriminación de ciudadanos en función de su lengua, cultura, religión y pensamiento político. Si los ciudadanos europeos en sus colegios aprenden varias lenguas, es factible que hay una mayor circulación de ciudadanos entre sus Estados y que se llegue a generar el sentimiento de ser ciudadano europeo, además de ser ciudadano de su país.

Si los actuales Estados de la UE se fraccionan en varios, muchos de ellos enfrentados entre sí, se pondría en peligro la construcción de una Europa unida y con ello la esperanza de que nunca más habrá guerras internas. Por ello la UE no debería ayudar a los gobiernos que pretenden destruir los elementos que mantienen la unidad de su propio Estado, como es la lengua común, una misma visión de la historia de su país y unos mismos objetivos de futuro a alcanzar todos juntos.

En estos momentos la UE, ante la necesidad de España de ser ayudada a superar la crisis de la Covid-19, ya que es el país grande más afectado, no debería dar dicha ayuda a su gobierno, sino administrarla directamente. Si se diera al gobierno de España se emplearía en imponer leyes que ahondan más la división entre sus ciudadanos, como es la ley de educación de la ministra Celaá y la ley de memoria histórica, en continuar un modelo económico desastroso que ha producido una caída del 18% de su PIB, el mayor en nuestra historia y el mayor de todos los países europeos, en continuar la peor gestión de la pandemia de la Covid-19 del mundo después de Bélgica, en acabar con la independencia del poder judicial a través del nombramiento directo de los vocales del CGPJ por parte de los partidos políticos, en repartir la ayuda entre los ciudadanos sin vincularla a una actividad laboral, simplemente para generar así futuros votantes. Si se dejara al actual gobierno de España hacer esto, una vez consumida la ayuda, España continuaría económicamente y socialmente igual de mal.

En consecuencia con todo lo expuesto, el Sindicato AMES ha iniciado ya una recogida de firmas para pedir a la Unión Europea que sea ella quien administre directamente su ayuda económica a España, en lugar de dejarla en manos de un gobierno que lo que quiere es acabar con nuestro país. Se puede acceder a esta petición y a firmarla en la siguiente dirección: Petición a la UE de que administre ella directamente su ayuda económica a España

Sindicato AMES
6 de noviembre de 2020