Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la impugnación de la Generalitat contra la LOMCE

Acceso al texto de la sentencia del TC de 20 de febrero de 2018

El año 2014 el Gobierno de Cataluña presento el recurso de inconstitucionalidad núm. 1377-2014 contra varios artículos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE). El 20 de febrero de 2018 el Tribunal Constitucional (TC) emitió su sentencia, que se resume a continuación, declarando constitucionales la mayoria de los aspectos (letra en color verde) e inconstitucionales dos aspectos (letra de color rojo).

Apartado 2. Sobre la solicitud de adhesión del Parlamento de Navarra al recurso presentado por el Gobierno de Cataluña. El TC la desetima por no tener condició de parte.

Apartado 3. El TC hace referencia a que esta sentencia se produce en el período de ampliación del plazo para la implantación de las evaluaciones reguladas por la LOMCE, con el expreso propósito de colaborar al diálogo que debe concluir en el Pacto de Estado, Social y Político por la Educación.

Apartado 4. El TC hace referencia a que este recurso es de índole netamente competencial, es decir entre las competencias estatales y las autonómicas en materia de educación.

Apartado 5. Sobre que los "aspectos básicos del currículo” (antes denominados “enseñanzas mínimas” y posteriormente “enseñanzas comunes”), especialmente de las asignaturas troncales invaden las competencias autonómicas. El TC desestima este aspecto del recurso de la Generalitat.

Apartado 6. Sobre las pruebas finales de evaluación incorporadas por la LOMCE en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, cuya superación es condición para la obtención de los correspondientes títulos académicos. El TC las considera constitucionales, dice que no hay ninguna objeción a formular y que las Comunidades Autónomas solo pueden asumir competencias ejecutivas.

Apartado 7.a) Sobre que los contenidos de las pruebas de evaluación sean establecidos por el Gobierno. El TC los considera constitucionales.

Apartado 7.b) Sobre que la superación de las pruebas finales de evaluación sean condición inexcusable para la obtención de los títulos académicos de ESO y Bachillerato. El TC las considera constitucionales.

Apartado 8.b) Sobre la evaluación final individualizada de la etapa de Educación Primaria en sustitución de la anterior evaluación de diagnóstico. El TC la considera constitucional.

Apartado 8.c) Sobre la Evaluación final de Bachillerato que da acceso a la Universidad. El TC la considera constitucional.

Apartado 8.d) Sobre las condiciones de acceso y admisión a los ciclos de FP establecidas por la LOMCE. El TC las considera constitucionales.

Apartado 8.e) Respecto a la incorporación generalizada de las TIC al sistema educativo. El TC desestima este aspecto del recurso de la Generalitat.

Apartado 8.f) Respecto a que el Gobierno establecerá los términos para que se publiquen los resultados obtenidos por los centros docentes en relación con el contexto socioeconómico y sociocultural, sin identificación de datos de carácter personal. El TC lo considera constitucional.

Apartado 8.g) Sobre la habilitación del Gobierno para establecer las bases de la educación plurilingüe desde segundo ciclo de Educación Infantil hasta Bachillerato (Disposición final séptima bis LOE, añadida por el art. único.109 LOMCE), previa consulta a las Comunidades Autónomas. El TC lo considera anticonstitucional, por ausencia de criterios legales para abordar el desarrollo reglamentario de la educación plurilingüe y porque la propia ley encomienda directamente su desarrollo y aplicación a las Administraciones educativas (autonómicas).

Apartado 9. Sobre el calendario de implantación de los ciclos de Formación Profesional Básica. El TC lo considera constitucional.

Apartado 10. Sobre la función reservada al Ministerio para decidir sobre la escolarización de alumnos en centros privados, cuando la Alta Inspección de Educación compruebe que la programación anual de la Administración educativa no garantiza una oferta docente razonable sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular. Ver respuesta en el apartado 11.

Apartados 10, 11 y 12. Sobre el papel de la Alta Inspección ante la denuncia de una familia de no encontrar escolarización en la que el castellano también sea lengua vehicular y sobre el proceso de obligación financiera de la Comunidad Autónoma se admite la impugnación de la Generalitat. Ello no se refiere a todo el apartado 4c de la "Disposición adicional trigésima octava", sino solo a los párrafos 3º, 4º y 5º. El apartado 4c dice:

  • Párrafo 1º. Las Administraciones educativas podrán, asimismo, establecer sistemas en los que las asignaturas no lingüísticas se impartan exclusivamente en lengua castellana, en lengua cooficial o en alguna lengua extranjera, siempre que exista oferta alternativa de enseñanza sostenida con fondos públicos en la que se utilice como vehicular cada una de las lenguas cooficiales.
  • Párrafo 2º. En estos casos, la Administración educativa deberá garantizar una oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular en una proporción razonable.
  • Párrafo 3º. Los padres, madres o tutores legales tendrán derecho a que sus hijos o pupilos reciban enseñanza en castellano, dentro del marco de la programación educativa. Si la programación anual de la Administración educativa competente no garantizase oferta docente razonable sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previa comprobación de esta situación, asumirá íntegramente, por cuenta de la Administración educativa correspondiente, los gastos efectivos de escolarización de estos alumnos y alumnas en centros privados en los que exista dicha oferta con las condiciones y el procedimiento que se determine reglamentariamente, gastos que repercutirá a dicha Administración educativa.
  • Párrafo 4º. Corresponderá al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la comprobación del supuesto de hecho que determina el nacimiento de la obligación financiera, a través de un procedimiento iniciado a instancia del interesado, instruido por la Alta Inspección de Educación, y en el que deberá darse audiencia a la Administración educativa afectada. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitimará al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla desestimada por silencio administrativo. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desarrollará reglamentariamente este procedimiento administrativo.
  • Párrafo 5º. La obligación financiera del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tendrá carácter excepcional y se extinguirá con la adopción por la Administración educativa competente de medidas adecuadas para garantizar los derechos lingüísticos individuales de los alumnos y alumnas. A estos efectos, no se considerarán adecuadas las medidas que supongan la atención individualizada en castellano o la separación en grupos por razón de la lengua habitual.

Apartado 13. Sobre los procedimientos de otorgamiento, revocación, revisión de oficio y reintegro de ingresos indebidos sobre becas y ayudas al estudio. Se desestima este aspecto de la impugnación de la Generalitat.



Barcelona, 27 de febrero de 2018

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
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